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El papel del sector público como driver de la integridad empresarial

Por: Concepción Campos Acuña. En el mundo actual global e hiperconectado la actuación de todos los actores, públicos y privados, tiene impactos relevantes, debiendo poner en valor las posibles interacciones entre unos y otros. Desde esta óptica quisiera reflexionar sobre el papel de los agentes públicos para impulsar la integridad empresarial, y si pueden actuar como palanca que accione las políticas de integridad empresarial en el sector privado.

Documento descriptivo curso ejecutivo CDGA integridad empresarial: El papel del sector público como driver de la integridad empresarial

México: el Padrón de Integridad Empresarial. Puesta en marcha por la Secretaría de la Función Pública del Estado pretende fomentar la la implementación de buenas prácticas en el sector empresarial y fortalecer la cultura de la legalidad y la ética pública. Sus cimientos se basan en las Políticas de Integridad de acuerdo a lo contenido en los elementos del artículo 25 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

La obtención de este distintivo ofrece notables beneficios para las empresas que lo obtengan, como el valor valor agregado mediante la eliminación de riesgos, al tiempo que genera confianza tanto al interior – confianza y respeto entre colaboradores- como al exterior – proveedores y compradores como puede ser el gobierno y representa un aspecto diferenciador en términos de ventaja competitiva pues ofrece un indicador externos de solvencia. Beneficios que también se proyectan en los empleados de la empresa, pues también operará como indicador del desarrollo integral de los mismos ya que se garantiza la constante capacitación, así como los máximos estándares de contratación.

La ventaja competitiva apuntada, ofrece, además, una clara dimensión en términos de negocio con el sector público pues las empresas que se hagan acreedoras al Distintivo de Integridad Empresarial podrán recibir puntos a favor en licitaciones los cuales serán definidos por las unidades compradoras de cada dependencia con la finalidad de fomentar la cultura de la legalidad y facilitar la participación de empresas íntegras en contrataciones públicas, tal y como, por ejemplo, sucede en Europa con las conocidas como Directivas de contratos de cuarta generación.

Las empresas que cubran todos los requisitos solicitados por la Secretaría de la Función Pública y hayan completado su registro al Padrón de Integridad Empresarial y, posterior a la verificación de dicha información, obtendrán el distintivo de Integridad Empresarial. Puede afirmarse, en conclusión, que, en este caso, la acción del Estado, de los poderes públicos, impulsa y fomenta la implantación y desarrollo de la integridad empresarial, en la dimensión explorada, incluyendo, entre otras secciones, las correspondientes a buenas prácticas en materia anticorrupción, la protección del medio ambiente, el impacto social de la empresa y su compromiso con la Agenda 2030 y, por tanto, con los Objetivos del Desarrollo Sostenible.

A la vista de esta iniciativa, la pregunta es ¿qué papel deben jugar los gobiernos para promover la integridad empresarial? ¿es adecuado el otorgamiento de beneficios asociados al desarrollo de políticas de integridad empresarial en la gestión pública? ¿qué otras fórmulas podrían utilizarse?